José Sánchez Campillo
Andrés Navarro Galera
Departamento de Economía Aplicada
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
El sector público realiza una extensa gama de funciones que inciden directamente en el ritmo de crecimiento económico y en el nivel de bienestar social. Dentro del conjunto de actuaciones públicas, existen algunas políticas que afectan de forma muy intensa a la calidad de vida de los ciudadanos, al nivel de protección social y a la redistribución de la renta, que constituyen el denominado Estado del Bienestar. Este sistema cuenta, entre sus pilares fundamentales, con las políticas de sanidad, educación, vivienda y pensiones y, últimamente, debido a la creciente preocupación social por los problemas del medio-ambiente, podrían incluirse también la política de protección ambiental y de los recursos naturales.
A pesar de su importante contribución a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, la concepción tradicional del estado del Bienestar entró en crisis tras la depresión económica de los años setenta. El proceso de globalización económica que se inició en los ochenta y que se encuentra en una fase muy avanzada de consolidación, exige a los agentes económicos y sociales en general y al sector público en particular un extraordinario esfuerzo por mejorar sus parámetros de eficiencia en el conjunto de actividades que realizan, siendo ésta la única vía para cimentar sólidamente el progreso económico y social de un país.
En este nuevo escenario, resulta imprescindible realizar una profunda revisión del papel del sector público en la economía y, particularmente, analizar el grado de eficacia con el que el Estado presta sus servicios, en especial de aquellas políticas que absorben la mayor parte del presupuesto público y que coinciden, en gran medida, con las que definen el Estado del Bienestar. Por otra parte, puesto que la gestión pública se ocupa de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos y de la coordinación y estímulo de los agentes para lograr objetivos colectivos, resulta igualmente necesario analizar de forma estructurada las distintas perspectivas de dicha gestión -económico-financiera, jurídico-administrativa, organizacional, etc-, teniendo siempre muy presente el objetivo esencial de optimizar el uso de recursos.
El programa de doctorado pretende proporcionar los instrumentos metodológicos, teóricos, analíticos y prácticos necesarios para que el alumno pueda alcanzar un alto grado de especialización científica y técnica en el campo de la Economía Pública. A su vez, esta especialización puede dirigirse a aspectos macroeconómicos, esto es, a las políticas públicas propias del Estado del Bienestar, en cuyos contenidos se profundiza en los 6 cursos que componen este perfil, y cuyo código comienza con las siglas PP (políticas públicas), o bien a las problemáticas existentes en la actualidad en torno a la gestión y control de las entidades públicas, que se estudian en los 6 cursos cuyo código comienza con las siglas GP (gestión pública). Si bien estos son los perfiles propuestos por los coordinadores del programa, se permite que el estudiante elija los cursos que considere más conveniente para su formación.
La configuración actual de los Programas de Doctorado contempla un periodo de docencia y un periodo de investigación. Durante el primero han de realizarse los cursos necesarios para completar 20 créditos. Su superación da derecho a la obtención de un Certificado, homologable en todas las Universidades españolas, que acreditará que el interesado ha superado el curso de docencia del tercer ciclo de estudios universitarios. Durante el periodo de investigación el alumno, dirigido por un tutor, deberá elaborar uno o varios trabajos de investigación equivalentes, al menos, a 12 créditos.
La superación de la valoración de los conocimientos adquiridos por el doctorando en estos dos periodos permitirá la obtención de un certificado-diploma acreditativo de los estudios avanzados realizados, acreditará su suficiencia investigadora y será homologable en todas las Universidades españolas.